El Juez Garzón imputado por delito de prevaricación
viernes, 11 de septiembre de 2009
El Juez Baltasar Garzón acude hoy a declarar ante el Tribunal Supremo Español en calidad de imputado.
El Juez Baltasar Garzón acude hoy a declarar ante el Tribunal Supremo Español en calidad de imputado por un presunto delito de prevaricación al abrir una causa general sobre la guerra civil española, excediendo a sus competencias, a pesar de los apercibimientos realizados por la Fiscalía General del Estado.
La Sala Segunda del Tribunal Supremo Español ha decidido admitir a trámite una querella en la que se imputa al Juez Baltasar Garzón por un delito de prevaricación del artículo 446 del Código Penal Español. Este precepto castiga al juez que, a sabiendas, dicte una resolución injusta. "palmario, premeditado, consciente y creyéndose impune" por su actuación en el proceso que inició por la desaparición de personas durante la guerra civil y el franquismo. Llegando a solicitar un certificado de defunción del ex-dictador Francisco Franco Bahamonte, a sabiendas de su público y conocido fallecimiento el 20 de noviembre de 1975.
La acción penal se ha iniciado por medio de Querella Criminal interpuesta por la Asociación Manos Limpias, se basa en los hechos de que el juez de la Audiencia Nacional montó un "artilugio jurídico" -en referencia a las personas desaparecidas durante el franquismo "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento establecido, de la irretroactividad de la ley penal, de la ley de amnistía de 1977 y de sus propios actos y autos, en los que rechazó como genocidio los asesinatos de Paracuellos del Jarama". En definitiva, que montó un procedimiento "consciente de la ilegalidad e incompetencia en que incurría".
La admisión de la quereralla por el Tribunal Supremo sebasa en los supuestos de hecho penalmente perseguibles por delito de prevaricación, en el Auto ductado por el juez imputado con fecha 16 de octubre de 2008, Garzón declara "presuntos responsables" de los delitos denunciados (desapariciones forzadas) y del delito que escoge para declarar su competencia (contra los altos organismos de la nación) a personas que ya habían muerto, a sabiendas de que lo estaban: Francisco Franco, Emilio Mola, Gonzalo Queipo de Llano y el resto de los miembros de la llamada Junta de Defensa Nacional constituida el 25 de julio de 1936.
Con anterioridad, el Juez Garzón se libró de diversas querellas criminales interpuestas desde diferentes asociaciones e investigaciones del Consejo General del Poder Juiical por malversación de fondos.